La educación en Argentina ha sido un pilar de la identidad nacional desde fines del siglo XIX, cuando la Ley 1420 estableció las bases para un sistema público, gratuito y obligatorio que ayudó a unir un país diverso.
Sin embargo, en las últimas décadas, la descentralización de la gestión educativa hacia las provincias ha generado desigualdades que cuestionan si este modelo respeta el espíritu de la Constitución.
Ante evidencias de disparidades en calidad y acceso, surge la pregunta: ¿puede el Estado Nacional asumir un rol más centralizado sin violar el federalismo? Un análisis constitucional sugiere que sí, y que hacerlo fortalecería el derecho a la educación para todos.
El Marco Constitucional del Federalismo Educativo
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 18, faculta al Congreso a dictar leyes generales de utilidad común, incluyendo aquellas que promueven la uniformidad en áreas como la educación.
El inciso 19 refuerza esto al encomendar al Congreso proveer lo necesario para el desarrollo humano, donde la educación cumple un papel fundamental, reconociendo que ciertos temas trascienden las fronteras provinciales.
Aunque el artículo 5 obliga a las provincias a garantizar la educación primaria, y el 121 reserva competencias no delegadas, el federalismo argentino no es un muro infranqueable. Es un sistema de cooperación entre Nación y Provincias, donde el gobierno central puede intervenir para asegurar la igualdad y el interés nacional.
Lecciones Históricas de la Ley 1420
Esta interpretación no es nueva. La Ley 1420, criticada en su momento por supuestamente ignorar el federalismo, demostró en la práctica que una dirección nacional podía reducir el analfabetismo drásticamente, pasando del 77% en 1869 a menos del 25% en 1914.
Las críticas constitucionales de entonces, que veían en ella una invasión provincial, no prosperaron porque la norma se alineaba con el artículo 14 de la Constitución, que garantiza el derecho de enseñar y aprender en todo el territorio.
Hoy, con tratados internacionales incorporados a la Carta Magna —como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales—, el Estado está obligado a tomar medidas positivas para hacer efectivo el derecho a la educación gratuita y equitativa.
El Fracaso de la Descentralización en la Educación
El experimento de descentralización, impulsado por la Ley Federal de Educación 24.195 en 1993, prometía mayor eficiencia local, pero en realidad profundizó brechas.
Esta norma transfirió responsabilidades a provincias y municipios, pero sin recursos uniformes, lo que resultó en variaciones alarmantes: tasas de repitencia más altas en regiones del norte que en la Ciudad de Buenos Aires, y un acceso desigual a materiales educativos.
Estudios independientes destacan que esta fragmentación limitó el rol del Estado Nacional, exacerbando desigualdades socioeconómicas y territoriales. La Ley 26.206 de 2006 intentó corregir esto al declarar la educación como bien público y fijar un piso de inversión del 6% del PBI, pero mantuvo una autonomía provincial que no resuelve las disparidades.
La vigencia del Principio de Subsidiariedad
El federalismo no es absoluto; y no debe ir en contra de los derechos proclamados en la parte dogmática de la Contitución Nacional, porque el principio de igualdad del artículo 16 de la Constitución, que prohíbe discriminaciones basadas en origen o condición, está por encima de cualquier enunciado de la parte orgánica.
Hacia una Reforma Equilibrada en Educación
Recuperar una gestión centralizada no significa eliminar la participación provincial, sino establecer estándares nacionales mínimos en currículos, financiamiento y calidad, con las provincias como ejecutoras.
Esto alinearía con el principio de subsidiaridad, donde el nivel superior interviene cuando el inferior no puede garantizar derechos.
En un país con desafíos como la brecha digital y la deserción escolar, este enfoque podría igualar oportunidades, tal como lo hizo la Ley 1420 en su época.En última instancia, la Constitución no es un texto estático, sino un marco para el progreso.
Volver a un enfoque nacional en educación no atenta contra el federalismo; lo fortalece al asegurar que todos los argentinos, sin importar su provincia, accedan a un futuro mejor. Es momento de debatir esta reforma para que la educación siga siendo el motor de la Nación.
Por eso es necessario, de que la Nación se vuelva a ocupar de «educar al soberano» como decía Sarmiento.
