La tarjeta SUBE es un elemento de prueba que los jueces pueden considerar, a la hora de determinar la responsabilidad civil de una empresa de transporte de colectivos, por los daños que sufra un pasajero o pasajero, causados por un accidente tránsito.
Los requisitos para determinar la existencia de un daño a indemnizar, en un caso como este son: 1) El incumplimiento objetivo que consiste en la infracción al deber mediante la inobservancia de la palabra empeñada en un contrato o a través de la violación del deber general de no dañar; 2) El daño entendido como la lesión a un derecho subjetivo del incumplimiento jurídicamente atribuible; 3) La relación de causalidad suficiente entre el hecho y el detrimento, de tal manera que pueda predicarse que el hecho es causa (fuente) del mismo y; 4) Un factor de atribución, es decir la razón suficiente para asignar el deber de reparar al sujeto sindicado como deudor que podrá ser objetivo o subjetivo.
La responsabilidad del transportista por los daños a las personas transportadas está sujeta a lo dispuesto para los casos de riesgo o vicio de la cosa, es decir que rige la responsabilidad objetiva (arts. 1286, 1757, CCCN).
Por eso, al tratarse de un caso de responsabilidad objetiva, es necesario tener un criterio restrictivo para analizar las causales que permitan exculpar al demandado, según lo previsto en los arts. 1716 a 1736, esp. arts. 1722 y 1723 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Además, el artículo 1289 del citado código, establece la garantía de seguridad como una de las obligaciones del transportista, quien tiene el deber de trasladar a destino, a los pasajeras y pasajeros, preservando su integridad física.
Podría suceder que la empresa demandada, niegue la presencia del pasajero o pasajera en la unidad, a pesar de presentarse el registro electrónico del viaje por medio de la tarjeta SUBE, por eso es necesario complementar esa prueba con la prueba de testigos.
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