SOLUCIONES LEGALES

Abogado Daniel Mendive

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Abogado (U.B.A.)

Abogacía Preventiva

Solución de conflictos

SOBRE MÍ

Gracias por visitar mi sitio web. Soy el abogado Daniel Mendive, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Trabajo en el ejercicio libre de la profesión desde 1988. Mis servicios como asesor letrado están a su disposición. Tengo acreditada experiencia en la solución de conflictos legales, tanto por la vía de la negociación transaccional como también, por medio de la actuación litigante en los tribunales. A lo largo de mi trayectoria profesional, he desarrollado las técnicas más innovadoras y de actualización continua, para encontrar la solución al conflicto que te aqueja, de la forma más apropiada para tus intereses y de acuerdo a tus necesidades. Mi servicio de consultoría y defensa, se adapta a las posibilidades económicas de cada cliente, ofreciendo una atención personalizada que incluye la atención en domiciliio, financiación por medio de tarjetas de crédito, realización de trámites con entrega de documentación a domicilio, asistencia legal en mediaciones, asambleas de consorcios y asesoramiento en cualquier otro evento en donde necesites asistencia legal.

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AREAS DE PRÁCTICA PROFESIONAL

DERECHO CIVIL Y COMERCIAL

DEREHO DE FAMILIA

DERECHO DEL CONSUMIDOR

DERECHO LABORAL

DERECHO PREVISIONAL

Mi estudio jurídico, mantiene relaciones de colaboración con otros estudios jurídicos, estudios contables y escribanías, en la ciudad de Mar del Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata y todo el conurbano bonaerense, lo que me permite ofrecerle un asesoramiento letrado integral. Asigno fundamental importancia a la abogacía preventiva, como forma de evitar riesgos y errores que pueden conllevar a conflictos costosos y de dificil solución, que se pueden evitar con una consulta a tiempo.

 

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Requisitos para que sea
procedente la reparación del daño

El Código Civil y Comercial de la Nación dice en su artículo 1710 que toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de evitar causar un daño no justificado; de adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa y no agravar el daño, si ya se produjo.
Pero ¿cuando un daño es reparable y cuando no? Según el Código Civil y Comercial de la Nación, se deben cumplir los algunos requisitos para que sea procedente una acción de reparación de daños.
El daño debe ser manifiesto y tiene que lesionar un derecho protegido jurídicamente. Además, quien sea perjudicado por el daño, tiene que estar legitimado para iniciar la acción por daños.
Ese daño resarcible tienen que provenir de alguna persona, en razón de su propio accionar o bien de las personas que de ella dependan o bien de alguna cosa que sea de su propiedad.
Obviamente, es necesario probar en juicio la existencia de ese daño que se reclama.
Considerando lo expresado, el Código Civil y Comercial permite iniciar acciones judiciales que prevengan el daño, por lo que es posible solicitar una medida cautelar con el objetivo de que se ordene el cese inmediato de cualquier iniciativa que pueda poner en peligro la seguridad pública y pueda vulnerar derechos constitucionales.

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el PROCESO EN EL dereCHO DE FAMILIA

 

El procedimiento judicial en el fuero de familia de la   Provincia de Buenos Aires, cuenta con una instancia denominada: etapa   previa.   En esta etapa, interviene el consejero de familia, pudiendo también intervenir en la etapa contenciosa como asesor del juez.

La etapa previa, es también judicial, aunque no tiene las formalidades de la etapa contenciosa, excepto las resoluciones que dicte el juez.

La etapa previa permite al consejero,  citar en forma espontánea a alguna de las partes o allegados que puedan brindar información útil, para poder elaborar un dictámen. Inclusive, es   posible que el consejero mantenga conversaciones telefónicas, no   solamente con las partes sino también con terceros interesados en la  solución del conflicto.

En síntesis, el consejero es el coordinador de la etapa previa y   cuenta con facultades para convocar a las partes y a toda persona   vinculada con éstas, que el consejero considere importante escuchar.   Asimismo, puede solicitar informes, pedir la asistencia del equipo   técnico, de peritos y hacer el reconocimiento de personas o lugares.   También puede requerirle al juez, medidas cautelares.

El trabajo en la etapa previa, tiene un enfoque   interdisciplinario, por ello en el fuero de familia, no solamente   intervienen los abogados sino también, el psiquiatra, el psicólogo y el   trabajador social.

Todos estos profesionales conforman un equipo que permita un   abordaje multidisciplinario de la problemática a resolver, donde cada   disciplina aporta su enfoque con vistas a encontrar una solución   apropiada.

Esta articulación disciplinaria, debe hacerse con un enfoque   estratégico que ponga en el centro a las personas que están sufriendo la   situación familiar conflictiva.

Por ello, la cooperación y la flexibilidad de todos los   profesionales intervinientes es fundamental, mucho más, cuando hay   intereses de niños en juego en la etapa previa, los cuales tiene   jerarquía constitucional desde 1994, en nuestro ordenamiento jurídico.

A pesar de todos estos esfuerzos, puede darse que no se llegue a   una solución. Por lo tanto, se dará paso a la etapa contenciosa donde   el juez tendrá que resolver considerando las argumentaciones de cada parte y las probanzas que cada una de ellas haga en el proceso.

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LOS JUICIOS POR MALA PRAXIS MÉDICA

 

En las acciones de mala praxis, es de suma importancia la historia clínica. Se ha definido a la historia clínica como el instrumento mediante el cual el médico elabora el diagnóstico, fundamenta el pronóstico y consigna el tratamiento y la evolución del paciente.

Por tal motivo, una historia clínica confeccionada en forma defectuosa, puede ser un elemento de prueba contrario para el médico, ya que pondría en evidencia, falta de diligencia del profesional, en la atención de su paciente, por lo que para algunos tribunales, ha bastado la ausencia de claridad y precisión de dicho elemento de juicio, como para determinar un indicio contrario a la defensa exculpatoria del médico.

Por ello, suele suceder en los juicios de mala praxis, que mediante una diligencia preliminar, se secuestre la historia clínica, como medida de preservar esa prueba.

Por lo dicho, la historia clínica, es un medio de prueba de gran importancia en un juicio por daños y perjuicios, por mala praxis médica, dado que esta se va completando a medida que ocurren los hechos, que involucran al paciente, registrándose en ella en forma sucesiva todos los hechos vinculados con la atención del paciente, que ayudarán después, a realizar un análisis crítico y un evaluación con fundamento técnico-científico, respecto de la atención que ha recibido el paciente, donde se hará hincapié en observar si la atención médico-asistencial que el paciente ha recibido, se ha realizado cumpliéndose con la debida diligencia que requiere el deber del médico hacia su paciente.

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SOBRE el EMPLEO deFECTUOSAMENTE REGISTRADO

 

Cuando un trabajador es registrado defectuosamente, esto significa, que está registrado pero en una categoría menor,  o con un sueldo más bajo que el que realmente cobra, o bien se declara una fecha de ingreso incorrecta, etc., debe ser indemnizado.

El empleador que se beneficia con el trabajo del empleado, tiene el deber de registrar la relación laboral en legal forma, basado en la realidad de esa relación contractual.

La legislación vigente dispone de prevé sanciones, si se presentan casos en donde al trabajador, por ejemplo, se lo registra con una fecha de ingreso falsa.

Asimismo, existen sanciones para cuando el empleador no paga las indemnizaciones por despido y  por lo tanto, lo pone al trabajador, en la necesidad de iniciar acciones legales para efectivizar su cobro (ver Ley Nº 25.323, art. 2).

Por otra parte, en la ley 24.013, más precisamente en el art. 10, se señala que si un empleador registra un sueldo menor al realmente percibido por el empleado, tendrá que abonarle al trabajador, una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas y no registradas, debidamente reajustadas desde la fecha en que comenzó a consignarse indebidamente el monto de la remuneración.

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REMOCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONSORCIO

 

El Código Civil y Comercial de la Nación, dice que el administrador es el representante legal del consorcio, representación que asume en carácter de mandatario.

Los administradores de los consorcios ya constituidos, son designados y removidos por la Asamblea de copropietarios.

La dificultad para remover al administrador se presenta cuando no se convoca a la asamblea, entre otras causas por renuencia del administrador. Ante esta situación, cabe la posibilidad de que la asamblea se autoconvoque para deliberar y lo decidido en una asamblea de estas características es válido, siempre y cuando, la autoconvocatoria y el temario a tratar se aprueben por una mayoría de dos tercios de la totalidad de los propietarios.

En el Código Civil y Comercial, está prevista la posibilidad de realizar una asamblea judicial, si el administrador o el consejo de copropietarios, en subsidio, omiten la convocatoria a la asamblea.

La convocatoria a asamblea judicial, puede ser solicitada por los propietarios que representen el diez por ciento (10 %) del total de copropietarios.

En las asambleas judiciales, se puede resolver con la mayoría simple de presentes, incluido el tema de la remoción del administrador.

Considero que a la asamblea judicial debe recurrirse como última instancia, una vez agotadas todos los mecanismos previstos en el reglamento de copropiedad del consorcio y en el Código Civil y Comercial.

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APLICACIÓN DE LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR A LOS MÉDICOS

 

La ley de defensa del consumidor nro. 24240 en la segunda parte del artículo 2 dice que “No están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. Ante la presentación de denuncias, que no se vincularen con la publicidad de los servicios, presentadas por los usuarios y consumidores, la autoridad de aplicación de esta ley informará al denunciante sobre el ente que controle la respectiva matrícula a los efectos de su tramitación”.

No obstante, cuando un profesional actúa bajo dependencia técnica y funcional de un centro médico-asistencial o sistema de medicina prepaga, le es aplicable la ley mencionada, dado que son estas organizaciones las que asumen el riesgo cuando prestan sus servicios a un afiliado.

Por lo tanto, la exclusión que hace el artículo 2 segundo párrafo, de los servicios de profesionales liberales, es para aquellos profesionales que en forma directa sean ofertantes de sus servicios, pero no cuando recibe la atención médica en el marco de la cobertura de salud de la organización médico asistencial.

Para que opere la exención, tiene que ser el médico el oferente directo de sus servicios profesionales y que asumen el riesgo en función de ese ejercicio profesional. Pero si lo hace como integrante de un equipo de profesionales de una organización médico asistencial, es a esta aplicable la ley 24.240 y todo el sistema de responsabilidad solidaria del art. 40 de dicha ley.

En efecto, corresponde la aplicación del artículo 40 de la LDC, por el daño que sufra un paciente por el vicio de la prestación del servicio médico asistencial que haya recibido.

Las organizaciones médico-asistenciales prestan sus servicios a través de personas físicas como por ejemplo médicos y enfermeras, que necesariamente deben tener subordinación técnico profesional con la dirección médica del hospital.

Según la jurisprudencia: “La prestación que cumple el facultativo constituye, en realidad, la ejecución de la obligación principal a cargo del establecimiento asistencial, y este responderá, no por el incumplimiento de la obligación de seguridad, sino por el de la prestación principal a su cargo. Es allí donde adquiere relevancia la culpa del médico en el desarrollo del plan de conducta, pues esto último es lo debido por el ente asistencial, y será el nosocomio quien responderá en el marco del contrato, por su propio incumplimiento. Así las cosas, la prestación principal a cargo del nosocomio es el desarrollo del plan de conducta destinado a obtener la satisfacción del interés perseguido por el paciente, de forma tal que el incumplimiento de la prestación médica por parte del tercero ejecutor (médico) hará surgir la responsabilidad contractual del nosocomio”. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza “B.D.J. c/ Clínica Francesa S. R.L. y otros/daños y perjuicios”, 06/02/2014.  

En síntesis, es amplia la jurisprudencia de todo el país, que acepta pacíficamente, que a los centros médico-asistenciales, por imperio del art. 2 primera parte, le es aplicable la ley 24.240 por ser proveedor de manera profesional en los términos del citado artículo, de un servicio médico asistencial y por lo tanto, a los médicos en cuanto dependientes de estas organizaciones, le es aplicable la ley de defensa del consumidor.

 

© Daniel Mendive Junio 29, de 2018. Mar del Plata, Argentina

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