Estudio Jurídico Mendive

La tarjeta SUBE es un elemento de prueba que los jueces pueden considerar, a la hora de determinar la responsabilidad civil de una empresa de transporte de colectivos, por los daños que sufra un pasajero o pasajero, causados por un accidente tránsito.

Los requisitos para determinar la existencia de un daño a indemnizar, en un caso como este son: 1) El incumplimiento objetivo que consiste en la infracción al deber mediante la inobservancia de la palabra empeñada en un contrato o a través de la violación del deber general de no dañar; 2) El daño entendido como la lesión a un derecho subjetivo del incumplimiento jurídicamente atribuible; 3) La relación de causalidad suficiente entre el hecho y el detrimento, de tal manera que pueda predicarse que el hecho es causa (fuente) del mismo y; 4) Un factor de atribución, es decir la razón suficiente para asignar el deber de reparar al sujeto sindicado como deudor que podrá ser objetivo o subjetivo.

La responsabilidad del transportista por los daños a las personas transportadas está sujeta a lo dispuesto para los casos de riesgo o vicio de la cosa, es decir que rige la responsabilidad objetiva (arts. 1286, 1757, CCCN).

Por eso, al tratarse de un caso de responsabilidad objetiva, es necesario tener un criterio restrictivo para analizar las causales que permitan exculpar al demandado, según lo previsto en los arts. 1716 a 1736, esp. arts. 1722 y 1723 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Además, el artículo 1289 del citado código, establece la garantía de seguridad como una de las obligaciones del transportista, quien tiene el deber de trasladar a destino, a los pasajeras y pasajeros, preservando su integridad física.

Podría suceder que la empresa demandada, niegue la presencia del pasajero o pasajera en la unidad, a pesar de presentarse el registro electrónico del viaje por medio de la tarjeta SUBE, por eso es necesario complementar esa prueba con la prueba de testigos.

Cuando un trabajador se ausenta de sus labores habituales, no basta con que avise que está imposibilitado de concurrir a trabajar, debe justificar las razones por las cuales aduce que no puede ir a trabajar y con mucho más razón, cuando las faltas son reiteradas.

En algunos casos, hay trabajadores o trabajadoras que aducen depresión o cualquier otro problema de salud, para poder ausentarse en varias jornadas de trabajo, pero evitan someterse al control médico por parte del empleador.

Pero el art. 210 de la Ley de Contrato de Trabajo, es clara al señalar que “El trabajador está obligado a someter al control que se efectúe por el facultativo designado por el empleador”.

Por lo tanto cuando el empleador, cita al trabajador o trabajadora a control médico, no está haciendo otra cosa que ejercer una facultad de le otorga la ley.  

Si el empleador ante las reiteradas faltas, decide ejercer el derecho que le confiere este artículo, no podrá el trabajador o la trabajadora aducir que está siendo víctima de una persecución y mucho menos podrá considerarse despedido o despedida.

Por eso, cuando es necesario faltar es preciso tener como justificar la falta y no evitar los controles que pretenda hacer el empleador, siempre que estén dentro del marco de la ley.

Cuando se vende la vivienda familiar se debe considerar, que la persona casada, necesita del asentimiento del otro u otra cónyuge, según disponen el art. 456 y 470 del Código Civil y Comercial, caso contrario se podrá solicitar la nulidad de la operación.

¿Pero que sucede si la pareja no está casada y conforman una unión convivencial?

En ese caso hay que distinguir si la unión está inscripta o no.  Si está inscripta, ninguno de los convivientes puede sin el consentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de la vivienda, como dice el art. 522 del Código Civil y Comercial.  Caso contrario, el conviviente que no prestó en consentimiento puede pedir la nulidad del acto, dentro del plazo de caducidad de seis meses de haberlo conocido, y siempre que continuase la convivencia.

Un punto interesante para uniones convivenciales registradas, es que si el o la conviviente no quiere dar su asentimiento, el o la conviviente que quiere vender, puede requerir la autorización judicial para hacerlo, siempre que en la venta no esté comprometido el interés familiar.

Si la convivencia no está registrada, el conviviente que desea vender no estaría en principio, obligado a requerir el consentimiento del otro o la otra conviviente, dado que el código requiere el asentimiento.

Sin embargo, como en la venta de la vivienda familiar pueden estar comprometidos el interés de los o las menores a satisfacer su necesidad de tener una vivienda, es conveniente que el conviviente de una unión no convivencial no inscripta, preste su asentimiento para la venta, para evitarse el vendedor o vendedora, planteos realizados con fundamento en el interés superior del niño o niña.