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Contacto

Daniel Eber Mendive

Abogado

Santiago del Estero 2151 oficina 306 Mar del Plata

Horario de atención: Lunes, miércoles y viernes de 15:00 a 18:00

Teléfono fijo: (0223)4108184

Celular: (223)15 5423688

Se atiende previa solicitud de turno

Docencia

Civil y Comercial

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Acciones por mala praxis

Familia

¿Porqué un abogado de familia?

El proceso en el fuero de familia requiere de un asesoramiento letrado experimentado, personalizado y bien predispuesto para ayudarlo o ayudarla, a superar ese trance.

El proceso de familia es una situación personal, que resulta difícil de afrontar.

La solución de un conflicto legal de familia, puede implicar un cambio profundo y definitivo en su vida.

Estoy a su disposición para aportarle todo mi conocimiento jurídico y mi experiencia de muchos años en la profesión.

Quiero ayudarlo o ayudarla a resolver su problema. Mi estudio jurídico se encuentra en la ciudad de Mar del Plata.

Soy abogado desde 1988, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Mi trayectoria profesional, tiene muchos logros que me han permitido ofrecerle a mis clientes, soluciones satisfactorias para sus conflictos.

Espero su visita a mi oficina y estoy dispuesto a escuchar cuales son sus deseos y necesidades.

Puedo ofrecerle una solución realista y perdurable en el tiempo, en el marco de la legislación vigente.

Gracias por visitar mi sitio web.

Inmobiliario

Operaciones inmobiliarias legales

Las operaciones inmobiliarias, son siempre una tarea compleja que conviene realizarse con garantías legales, para no sufrir decepciones. Por eso, si considera la posibilidad de comprar, alquilar o arrendar una vivienda, una casa, un departamento o cualquier otro tipo de propiedad, puede contar con el asesoramiento de nuestro Estudio Jurídico.

El Estudio Jurídico Mendive ofrece servicios jurídicos amplios para operaciones relacionadas con bienes inmobiliarios de vivienda y patrimonio, para residentes y para quienes residen en otros lugares del país o del extranjero que deseen realizar inversiones inmobiliarias en la ciudad de Mar del Plata.  

Los servicios incluyen: auditorías legales, creación y comprobación de documentación, preparación de controles notariales, tasaciones a través de inmobiliarias de primera línea y todas las declaraciones para compradores y vendedores posteriores a la compra. Además, representamos a nuestros clientes en todos los litigios de derecho inmobiliario y en la defensa de reclamos de garantía.

Servicios para vendedores de bienes inmuebles.

Ejecución, control y comprobación de todos los procesos legales y financieros en la adquisición o venta de una propiedad inmobiliaria desde el comienzo de las negociaciones hasta el cierre ante escribano.

Todo tipo de operaciones inmobiliarias (compra, venta, leasing, alquiler)

Auditoría legal para compradores o vendedores

Negociaciones para compradores

Negociaciones para vendedores

Gestión de agentes inmobiliarios

Administración de propiedades incluida gestión de alquileres y adquisiciones

Órdenes de búsqueda para bienes inmuebles comerciales y privados

Representación del comprador o del vendedor por representación legal durante todo el proceso.

Comprobación del estado actual de bienes inmuebles antes de la compra.

Representación en todo litigio legal inmobiliario del comprador, vendedor, locador o locatario

Laboral

Se atiende tanto a la parte empresarial como trabajadora

Despidos

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Accidentes de Trabajo

Enfermedades Profesionales

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Las operaciones inmobiliarias, son siempre una tarea compleja que conviene realizarse con garantías legales, para no sufrir decepciones. Por eso, si considera la posibilidad de comprar, alquilar o arrendar una vivienda, una casa, un departamento o cualquier otro tipo de propiedad, puede contar con el asesoramiento de nuestro Estudio Jurídico.

El Estudio Jurídico Mendive
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Usucapión: el sobreseimiento en sede penal no implica adquisición de la propiedad

Un juez de Mendoza hizo lugar a la demanda de reivindicación y rechazó el agravio del demandado, quien alegó haber sido sobreseído en sede penal por el delito de usurpación del inmueble en cuestión que se le imputaba.

El fallo de primera instancia luego confirmado en segunda instancia,  consideró que el hecho de que se haya sobreseído del delito de usurpación al demandado, no valida la existencia de una posesión pública, pacífica e ininterrumpida que cumpla con el plazo exigido por la ley para serle opuesta al reivindicante como defensa de prescripción.

Por lo tanto, la calificación efectuada por el juez penal de la conducta del demandado en nada tiene incidencia porque justamente no revela una conducta típica sino que sobresee por el beneficio de la duda, lo que no implica que la conducta no sea civilmente antijurídica, cuestión que debe ser evaluada por quien juzgue en sede civil.

Si se adoptara un temperamento contrario, se generaría una situación injusta para quien reivindica su propiedad, dado que el sobreseimiento se decreta antes de que la causa llegue a plenario o juicio oral, lo cual implica que el damnificado no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Por lo que si se hiciera valer contra la víctima, la sentencia dictada en el proceso penal, se violentaría la garantía constitucional contemplada en el art. 18, Constitución Nacional.

Estaría demás pues, la labor del juez civil, si ante a una denuncia de usurpación en contra de un imputado que luego es sobreseído, se le diera por adquirida por usucapión, un inmueble por sobre el titulo suficiente de un reivindicante.

Responsabilidad de un consorcio por deficiente mantenimiento de escaleras comunes del edificio

A un consorcio se lo sentenció a indemnizar a una persona que se cayó y rodó por las escaleras comunes del edificio, la condena se extendió a la aseguradora del edificio.
Los jueces ponderaron que la escalera carecía de pasamanos y los escalones carecían de antideslizantes. Otro elemento que consideraron los jueces al imponer la condena, es que la luz de la escalera se apagó antes de que la persona terminara su descenso.
Por lo tanto, los magistrados entendieron que existía relación causal entre el hecho y el estado de la escalera, por lo que consideraron procedente el establecimiento de una indemnización por los daños sufridos.

LA VENTA DE LA VIVIENDA FAMILIAR

Cuando se vende la vivienda familiar se debe considerar, que la persona casada, necesita del asentimiento del otro u otra cónyuge, según disponen el art. 456 y 470 del Código Civil y Comercial, caso contrario se podrá solicitar la nulidad de la operación.

¿Pero que sucede si la pareja no está casada y conforman una unión convivencial?

En ese caso hay que distinguir si la unión está inscripta o no.  Si está inscripta, ninguno de los convivientes puede sin el consentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de la vivienda, como dice el art. 522 del Código Civil y Comercial.  Caso contrario, el conviviente que no prestó en consentimiento puede pedir la nulidad del acto, dentro del plazo de caducidad de seis meses de haberlo conocido, y siempre que continuase la convivencia.

Un punto interesante para uniones convivenciales registradas, es que si el o la conviviente no quiere dar su asentimiento, el o la conviviente que quiere vender, puede requerir la autorización judicial para hacerlo, siempre que en la venta no esté comprometido el interés familiar.

Si la convivencia no está registrada, el conviviente que desea vender no estaría en principio, obligado a requerir el consentimiento del otro o la otra conviviente, dado que el código requiere el asentimiento.

Sin embargo, como en la venta de la vivienda familiar pueden estar comprometidos el interés de los o las menores a satisfacer su necesidad de tener una vivienda, es conveniente que el conviviente de una unión no convivencial no inscripta, preste su asentimiento para la venta, para evitarse el vendedor o vendedora, planteos realizados con fundamento en el interés superior del niño o niña.

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Consultas: $ 1.800 (Se pueden abonar con tarjeta de crédito en tres cuotas sin interés). La primera consulta tiene un 50% de descuento.

La entrevista para realizar un presupuesto de honorarios por intervención del abogado en un juicio o en una mediación, es sin cargo.

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¿Porqué un abogado de familia?

El proceso en el fuero de familia requiere de un asesoramiento
letrado experimentado, personalizado y bien predispuesto para ayudarlo o
ayudarla, a superar ese trance.

El proceso de familia es una situación personal, que resulta difícil de afrontar.

La solución de un conflicto legal de familia, puede implicar un cambio profundo y definitivo en su vida.

Estoy a su disposición para aportarle todo mi conocimiento jurídico y mi experiencia de muchos años en la profesión.

Quiero ayudarlo o ayudarla a resolver su problema. Mi estudio jurídico se encuentra en la ciudad de Mar del Plata.

Soy abogado desde 1988, graduado en la Universidad de Buenos Aires.
Mi trayectoria profesional, tiene muchos logros que me han permitido
ofrecerle a mis clientes, soluciones satisfactorias para sus conflictos.

Espero su visita a mi oficina y estoy dispuesto a escuchar cuales son sus deseos y necesidades.

Puedo ofrecerle una solución realista y perdurable en el tiempo, en el marco de la legislación vigente.

Gracias por visitar mi sitio web.

Las personas que no tienen recursos para afrontar los gastos del proceso y particularmente las costas en caso de tener una sentencia en contra en el juico, tienen la posibilidad de solicitar lo que se conoce como beneficio de litigar sin gastos.

El solicitante no solamente tiene que demostrar que no tiene recursos para afrontar los gastos del proceso, sino también que tiene la imposibilidad de obtenerlos.

Por eso es común que los juzgados, requieran la presentación de una declaración jurada solicitando información sobre los ingresos del peticionante y de su grupo familiar, para que el juzgado tenga un panorama sobre la situación real de quien solicita el beneficio, lo cual no debería implicar que quienes conviven con el peticionante del beneficio, tengan que hacerse cargo de los gastos de un juicio del cual no fueron parte, tal cual lo ha entendido hace poco tiempo un tribunal de la provincia de Córdoba.

Por lo tanto, lo que el juez o jueza tienen que enfocarse en su análisis, en los ingresos concretos que tenga el solicitante del beneficio y no, en los de su grupo familiar, que son simplemente para tener un cuadro de situación de la situación económica del peticionante.

Beneficio de litigar sin gastos: ¿Que analizan los jueces para otorgar o no el beneficio?

El procedimiento judicial en el fuero de familia de la   Provincia de Buenos Aires, cuenta con una instancia denominada: etapa   previa.   En esta etapa, interviene el consejero de familia, pudiendo también intervenir en la etapa contenciosa como asesor del juez. La etapa previa, es también judicial, aunque no tiene las formalidades de la etapa contenciosa, excepto las resoluciones que dicte el juez. La etapa previa permite al consejero,  citar en forma espontánea a alguna de las partes o allegados que puedan brindar información útil, para poder elaborar un dictámen. Inclusive, es   posible que el consejero mantenga conversaciones telefónicas, no   solamente con las partes sino también con terceros interesados en la  solución del conflicto. En síntesis, el consejero es el coordinador de la etapa previa y   cuenta con facultades para convocar a las partes y a toda persona   vinculada con éstas, que el consejero considere importante escuchar.   Asimismo, puede solicitar informes, pedir la asistencia del equipo   técnico, de peritos y hacer el reconocimiento de personas o lugares.   También puede requerirle al juez, medidas cautelares. El trabajo en la etapa previa, tiene un enfoque   interdisciplinario, por ello en el fuero de familia, no solamente   intervienen los abogados sino también, el psiquiatra, el psicólogo y el   trabajador social. Todos estos profesionales conforman un equipo que permita un   abordaje multidisciplinario de la problemática a resolver, donde cada   disciplina aporta su enfoque con vistas a encontrar una solución   apropiada. Esta articulación disciplinaria, debe hacerse con un enfoque   estratégico que ponga en el centro a las personas que están sufriendo la   situación familiar conflictiva. Por ello, la cooperación y la flexibilidad de todos los   profesionales intervinientes es fundamental, mucho más, cuando hay   intereses de niños en juego en la etapa previa, los cuales tiene   jerarquía constitucional desde 1994, en nuestro ordenamiento jurídico. A pesar de todos estos esfuerzos, puede darse que no se llegue a   una solución. Por lo tanto, se dará paso a la etapa contenciosa donde   el juez tendrá que resolver considerando las argumentaciones de cada   parte y las probanzas que cada una de ellas haga en el proceso.

El proceso en el fuero de familia bonaerense

Una cámara de apelación de la provincia de Corrientes, colocó en situación de adoptabilidad a cuatro niños que estaban alojados en un hogar para menores, por considerar que la madre no estaba en condiciones de hacerse cargo de ellos.

El tribunal consideró que desde el comienzo del juicio y a pesar de haberse tomado medidas para lograr que la madre o su familia extensa pudieran asumir responsablemente la crianza de los niños, esto no se pudo lograr.

Como fundamento para la decisión tomada el tribunal consideró que la obligación establecida en la Convención de los Derechos del Niño consistente en preservar al niño, niña o adolescente en su familia de origen, no podrá implementarse cuando resulte probado, dado el
tiempo transcurrido, que un nuevo período de prueba con esta, no haría más que ponerlo en riesgo.

Por eso las juezas consideraron que no era conveniente insistir con las estrategias de vinculación con la familia de origen y decidieron que lo mejor para los menores era colocarlos en situación de adoptabilidad

Tribunal coloca en situación de adoptabilidad a cuatro niños a pesar de la oposición de la madre

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Empresa debe indemnizar a consumidor por no cumplir con lo prometido al vender

Un fabricante de teléfonos celulares, fue condenado a indemnizar por daño moral y patrimonial a un consumidor, por venderle un equipo de telefonía celular de alta gama que no reunía las características prometidas.

El tribunal consideró que hubo una violación al deber de información, que establece el art. 4 de la ley 24.240, lo que impidió la formación del consentimiento a los fines de otórgale validez del contrato de consumo.

Además, los jueces señalaron que debe atenderse la desigualdad técnica de las partes, la que busca equilibrar la ley poniendo en cabeza del proveedor obligaciones específicas a su cargo, por lo que consideraron que el deber de información fue deficiente, originando que el consumidor deba concurrir y reclamar en distintas oportunidades para lograr su cumplimiento, agotando inclusive instancias conciliadoras previas al juicio. Toda esta perturbación, sobrepasa las vicisitudes propias de un negocio comercial, provocando malestar e intranquilidad que merece ser reparado.

Si se abandona el tratamiento, no se puede demandar por mala praxis

A un paciente se le rechazó una demanda por mala praxis odontológica, porque se demostró en el juicio que había abandonado el tratamiento indicado durante seis meses, por haber realizado un viaje al exterior.

Además, el profesional acreditó que no le había dado el alta a su paciente y se vió privado de controlar su evolución durante los seis meses que el accionante estuvo en el exterior.

Otro elemento de peso para la resolución a la que se arribó, es que el paciente además de abandonar el tratamiento, se hizo atender por otros profesionales, que durante ese periodo que el paciente estuvo de viaje, intervinieron en su aparato masticatorio.

C.A.B.A. deberá indemnizar a persona de 83 años

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.), deberá indemnizar a una señora de 83 años que se causó en la vía pública.

Los jueces desestimaron el argumento de la C.A.B.A. de que la señora se cayó por su avanzada edad, dado que se probó en juicio que la caída tuvo relación causal por el estado defectuoso de la calzada.

Por lo tanto, la C.AB.A fue condenada a pagar una indemnización a la damnificada, que incluyó los siguientes rubros: incapacidad física sobreviniente, tratamiento a futuro, gastos médicos y de farmacia y daño moral.

Responsabilidad de un consorcio por deficiente mantenimiento de escaleras comunes del edificio

A un consorcio se lo sentenció a indemnizar a una persona que se cayó y rodó por las escaleras comunes del edificio, la condena se extendió a la aseguradora del edificio.
Los jueces ponderaron que la escalera carecía de pasamanos y los escalones carecían de antideslizantes. Otro elemento que consideraron los jueces al imponer la condena, es que la luz de la escalera se apagó antes de que la persona terminara su descenso.
Por lo tanto, los magistrados entendieron que existía relación causal entre el hecho y el estado de la escalera, por lo que consideraron procedente el establecimiento de una indemnización por los daños sufridos.

Usucapión: el sobreseimiento en sede penal no implica adquisición de la propiedad

Un juez de Mendoza hizo lugar a la demanda de reivindicación y rechazó el agravio del demandado, quien alegó haber sido sobreseído en sede penal por el delito de usurpación del inmueble en cuestión que se le imputaba.

El fallo de primera instancia luego confirmado en segunda instancia,  consideró que el hecho de que se haya sobreseído del delito de usurpación al demandado, no valida la existencia de una posesión pública, pacífica e ininterrumpida que cumpla con el plazo exigido por la ley para serle opuesta al reivindicante como defensa de prescripción.

Por lo tanto, la calificación efectuada por el juez penal de la conducta del demandado en nada tiene incidencia porque justamente no revela una conducta típica sino que sobresee por el beneficio de la duda, lo que no implica que la conducta no sea civilmente antijurídica, cuestión que debe ser evaluada por quien juzgue en sede civil.

Si se adoptara un temperamento contrario, se generaría una situación injusta para quien reivindica su propiedad, dado que el sobreseimiento se decreta antes de que la causa llegue a plenario o juicio oral, lo cual implica que el damnificado no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Por lo que si se hiciera valer contra la víctima, la sentencia dictada en el proceso penal, se violentaría la garantía constitucional contemplada en el art. 18, Constitución Nacional.

Estaría demás pues, la labor del juez civil, si ante a una denuncia de usurpación en contra de un imputado que luego es sobreseído, se le diera por adquirida por usucapión, un inmueble por sobre el titulo suficiente de un reivindicante.

Obligación de la Obra Social con el enfermo de diabetes

Las obras sociales deben otorgar cobertura a los enfermos de diabetes, para que puedan recibir tiras reactivas para medir la glucemia en su sangre, insulina de acción prolongada y rápida más los insumos para su aplicación y también, los sensores de monitoreo continuo de glucosa.

Así lo ha resuelto el Superior Tribunal de Justicia, Río Negro, ante un reclamo de unos progenitores ante una obra social, que rechazaba la obligación de proveer el aparato de monitoreo continuo, argumentando que la ley 23.753 que ofrece protección al enfermo de diabetes, para que reciba un adecuado tratamiento y control de su enfermedad.

El Tribunal consideró que tiene jerarquía superior el derecho a la salud que ampara en su art. 25 la Declaración Universal de Derechos Humanos, incorporado a la Constitución Nacional por el inciso 22 del art. 75.

Además, por ser el paciente un niño de ocho años, el Tribunal consideró aplicable la Convención de los Derechos del Niño, que consagra el interés superior de los niños y las niñas, por lo que el principio rector de las decisiones que tomen las autoridades públicas, debe privilegiar el derecho de cada niño o niña, a su salud integral y bienestar.

Sin seguro por conducir ebrio

Conducir es estado de ebriedad, además de exponerse a accidentes y multas, también es causal de pérdida de la cobertura del seguro.

Esto implica que en un siniestro, por ejemplo en un choque, la aseguradora podrá quedar eximida de dar cobertura, dado que el estado de ebriedad es una tradicional causal de exclusión de la cobertura de seguro.

No importará el grado del alcoholemia que presente el conductor, porque por lo general estás cláusulas de exclusión, no contienen ningún límite porcentual, basta con que en un acta de infracción conste el estado de ebriedad, para que opere la cláusula eximente para la aseguradora.  

Así se ha resuelto recientemente en un juicio, en la Provincia de Entre Ríos.

Beneficio de litigar sin gastos: ¿Que analizan los jueces para otorgar o no el beneficio?

Las personas que no tienen recursos para afrontar los gastos del proceso y particularmente las costas en caso de tener una sentencia en contra en el juico, tienen la posibilidad de solicitar lo que se conoce como beneficio de litigar sin gastos.

El solicitante no solamente tiene que demostrar que no tiene recursos para afrontar los gastos del proceso, sino también que tiene la imposibilidad de obtenerlos.

Por eso es común que los juzgados, requieran la presentación de una declaración jurada solicitando información sobre los ingresos del peticionante y de su grupo familiar, para que el juzgado tenga un panorama sobre la situación real de quien solicita el beneficio, lo cual no debería implicar que quienes conviven con el peticionante del beneficio, tengan que hacerse cargo de los gastos de un juicio del cual no fueron parte, tal cual lo ha entendido hace poco tiempo un tribunal de la provincia de Córdoba.

Por lo tanto, lo que el juez o jueza tienen que enfocarse en su análisis, en los ingresos concretos que tenga el solicitante del beneficio y no, en los de su grupo familiar, que son simplemente para tener un cuadro de situación de la situación económica del peticionante.

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