Estudio Jurídico Mendive

Un fabricante de teléfonos celulares, fue condenado a indemnizar por daño moral y patrimonial a un consumidor, por venderle un equipo de telefonía celular de alta gama que no reunía las características prometidas.

El tribunal consideró que hubo una violación al deber de información, que establece el art. 4 de la ley 24.240, lo que impidió la formación del consentimiento a los fines de otórgale validez del contrato de consumo.

Además, los jueces señalaron que debe atenderse la desigualdad técnica de las partes, la que busca equilibrar la ley poniendo en cabeza del proveedor obligaciones específicas a su cargo, por lo que consideraron que el deber de información fue deficiente, originando que el consumidor deba concurrir y reclamar en distintas oportunidades para lograr su cumplimiento, agotando inclusive instancias conciliadoras previas al juicio. Toda esta perturbación, sobrepasa las vicisitudes propias de un negocio comercial, provocando malestar e intranquilidad que merece ser reparado.

A un paciente se le rechazó una demanda por mala praxis odontológica, porque se demostró en el juicio que había abandonado el tratamiento indicado durante seis meses, por haber realizado un viaje al exterior.

Además, el profesional acreditó que no le había dado el alta a su paciente y se vió privado de controlar su evolución durante los seis meses que el accionante estuvo en el exterior.

Otro elemento de peso para la resolución a la que se arribó, es que el paciente además de abandonar el tratamiento, se hizo atender por otros profesionales, que durante ese periodo que el paciente estuvo de viaje, intervinieron en su aparato masticatorio.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.), deberá indemnizar a una señora de 83 años que se causó en la vía pública.

Los jueces desestimaron el argumento de la C.A.B.A. de que la señora se cayó por su avanzada edad, dado que se probó en juicio que la caída tuvo relación causal por el estado defectuoso de la calzada.

Por lo tanto, la C.AB.A fue condenada a pagar una indemnización a la damnificada, que incluyó los siguientes rubros: incapacidad física sobreviniente, tratamiento a futuro, gastos médicos y de farmacia y daño moral.

A un consorcio se lo sentenció a indemnizar a una persona que se cayó y rodó por las escaleras comunes del edificio, la condena se extendió a la aseguradora del edificio.
Los jueces ponderaron que la escalera carecía de pasamanos y los escalones carecían de antideslizantes. Otro elemento que consideraron los jueces al imponer la condena, es que la luz de la escalera se apagó antes de que la persona terminara su descenso.
Por lo tanto, los magistrados entendieron que existía relación causal entre el hecho y el estado de la escalera, por lo que consideraron procedente el establecimiento de una indemnización por los daños sufridos.

Un juez de Mendoza hizo lugar a la demanda de reivindicación y rechazó el agravio del demandado, quien alegó haber sido sobreseído en sede penal por el delito de usurpación del inmueble en cuestión que se le imputaba.

El fallo de primera instancia luego confirmado en segunda instancia,  consideró que el hecho de que se haya sobreseído del delito de usurpación al demandado, no valida la existencia de una posesión pública, pacífica e ininterrumpida que cumpla con el plazo exigido por la ley para serle opuesta al reivindicante como defensa de prescripción.

Por lo tanto, la calificación efectuada por el juez penal de la conducta del demandado en nada tiene incidencia porque justamente no revela una conducta típica sino que sobresee por el beneficio de la duda, lo que no implica que la conducta no sea civilmente antijurídica, cuestión que debe ser evaluada por quien juzgue en sede civil.

Si se adoptara un temperamento contrario, se generaría una situación injusta para quien reivindica su propiedad, dado que el sobreseimiento se decreta antes de que la causa llegue a plenario o juicio oral, lo cual implica que el damnificado no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Por lo que si se hiciera valer contra la víctima, la sentencia dictada en el proceso penal, se violentaría la garantía constitucional contemplada en el art. 18, Constitución Nacional.

Estaría demás pues, la labor del juez civil, si ante a una denuncia de usurpación en contra de un imputado que luego es sobreseído, se le diera por adquirida por usucapión, un inmueble por sobre el titulo suficiente de un reivindicante.

Las obras sociales deben otorgar cobertura a los enfermos de diabetes, para que puedan recibir tiras reactivas para medir la glucemia en su sangre, insulina de acción prolongada y rápida más los insumos para su aplicación y también, los sensores de monitoreo continuo de glucosa.

Así lo ha resuelto el Superior Tribunal de Justicia, Río Negro, ante un reclamo de unos progenitores ante una obra social, que rechazaba la obligación de proveer el aparato de monitoreo continuo, argumentando que la ley 23.753 que ofrece protección al enfermo de diabetes, para que reciba un adecuado tratamiento y control de su enfermedad.

El Tribunal consideró que tiene jerarquía superior el derecho a la salud que ampara en su art. 25 la Declaración Universal de Derechos Humanos, incorporado a la Constitución Nacional por el inciso 22 del art. 75.

Además, por ser el paciente un niño de ocho años, el Tribunal consideró aplicable la Convención de los Derechos del Niño, que consagra el interés superior de los niños y las niñas, por lo que el principio rector de las decisiones que tomen las autoridades públicas, debe privilegiar el derecho de cada niño o niña, a su salud integral y bienestar.

Conducir es estado de ebriedad, además de exponerse a accidentes y multas, también es causal de pérdida de la cobertura del seguro.

Esto implica que en un siniestro, por ejemplo en un choque, la aseguradora podrá quedar eximida de dar cobertura, dado que el estado de ebriedad es una tradicional causal de exclusión de la cobertura de seguro.

No importará el grado del alcoholemia que presente el conductor, porque por lo general estás cláusulas de exclusión, no contienen ningún límite porcentual, basta con que en un acta de infracción conste el estado de ebriedad, para que opere la cláusula eximente para la aseguradora.  

Así se ha resuelto recientemente en un juicio, en la Provincia de Entre Ríos.

Las personas que no tienen recursos para afrontar los gastos del proceso y particularmente las costas en caso de tener una sentencia en contra en el juico, tienen la posibilidad de solicitar lo que se conoce como beneficio de litigar sin gastos.

El solicitante no solamente tiene que demostrar que no tiene recursos para afrontar los gastos del proceso, sino también que tiene la imposibilidad de obtenerlos.

Por eso es común que los juzgados, requieran la presentación de una declaración jurada solicitando información sobre los ingresos del peticionante y de su grupo familiar, para que el juzgado tenga un panorama sobre la situación real de quien solicita el beneficio, lo cual no debería implicar que quienes conviven con el peticionante del beneficio, tengan que hacerse cargo de los gastos de un juicio del cual no fueron parte, tal cual lo ha entendido hace poco tiempo un tribunal de la provincia de Córdoba.

Por lo tanto, lo que el juez o jueza tienen que enfocarse en su análisis, en los ingresos concretos que tenga el solicitante del beneficio y no, en los de su grupo familiar, que son simplemente para tener un cuadro de situación de la situación económica del peticionante.